Agustinas Misioneras

EL CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO – COCOMACIA Y LA COMISIÓN VIDA, JUSTICIA Y PAZ DE LA
DIÓCESIS DE QUIBDÓ, NOS PRONUNCIAMOS FRENTE AL

RETORNO DEL 20 DE JULIO AL RÍO BOJAYA
Y DEJAMOS CLARO QUE NO OFRECE NINGUNA GARANTIA
PARA LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

Desde el 17 de febrero de 2005 se presentó un desplazamiento masivo de todas las comunidades negras del río Bojayá (2043 personas), ante la presencia de un contingente paramilitar del bloque Élmer Cárdenas que entró al río Bojayá. La posibilidad de fuertes combates con la guerrilla y los retenes que obstaculizaron la libre movilización de las personas civiles, obligó al desplazamiento.

Hasta el día de hoy, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato - COCOMACIA, organización que legalmente representa estas comunidades, ha hecho ingentes esfuerzos ante instituciones estatales, el gobierno nacional y los organismos nacionales e internacionales, para normalizar la situación, de tal forma que las personas desplazadas puedan retornar en condiciones dignas, y bajo los principios de Voluntariedad, Dignidad y Seguridad, como también lo enfatiza el Defensor del Pueblo en carta enviada al gobernador del Chocó.

Frente al retorno de las comunidades de La Loma de Bojayá, Corazón de Jesús y Caimanero, efectuado el 20 de julio de 2005

COCOMACIA Y LA COMISIÓN VIDA, JUSTICIA Y PAZ
DEJAMOS CLARO

1. Responsabilizamos al gobierno nacional y a las instituciones estatales comprometidas, por lo que pueda pasarles a las comunidades que retornaron sin ninguna garantía, ya que no están dadas las condiciones mínimas para ello. Si bien hay presencia de la fuerza pública en la zona, la presencia de otros actores armados no garantiza la vida, bienes y honra de las comunidades.
2. Que los retornos, en medio de un conflicto armado interno no resuelto, deben hacerse primando el principio de la diferenciación de la población civil, por tanto, el transporte de los retornados debe hacerse por sus propios medios, sin acompañamiento ni presencia de la fuerza pública u otro actor armado
3. Que las autoridades competentes no se han pronunciado ni han clarificado la situación de minados en el río Bojayá, a pesar de que se les ha solicitado. Recordemos que la muerte de 2 soldados del ejército fue producto de un campo minado. Esto representa un inminente peligro para las comunidades, tanto de seguridad como alimentario, al estar impedidas de realizar sus actividades agrícolas.
4. No compartimos el retorno parcial, pues tres comunidades en igualdad de condiciones a las retornadas siguen hacinadas en el casco urbano de Bellavista. Esta parcialidad no sólo nos da la razón sobre la situación de inseguridad que se vive en el río Bojayá, sino que significa la desprotección para ellas en el marco de la Ley 387.

COCOMACIA y COMISIÓN DIOCESANA VIDA, JUSTICIA Y PAZ
Quibdó, 25 de julio de 2005