Agustinas Misioneras

Sabemos y valoramos el interés que siempre nos manifestáis por conocer la situación que se vive en el Chocó. Os enviamos el siguiente comunicado que hemos recibido de la Diócesis de Quibdo ya que refleja la realidad actual.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EL BLOQUEO DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ- CHOCO

La Diócesis de Quibdó manifiesta ante la opinión pública nacional e internacional su profunda preocupación por la grave situación en la que se encuentran numerosas comunidades indígenas y afrodescendientes del municipio de Bojayá a causa de la presión de los actores armados – guerrilleros de las FARC, paramilitares de las AUC y Fuerza Pública - enfrentados en este territorio y la falta de responsabilidad de las instituciones del Estado Colombiano para garantizar la vida, honra y bienes de estos ciudadanos.
Hechos:
Las comunidades indígenas de Playita, Egorókera, Unión Baquiaza, Unión Cuití y Hoja Blanca, que retornaron en el mes de julio de 2004 después de un desplazamiento de cuatro meses, no pueden ejercer sus prácticas tradicionales como la caza, la pesca y los trabajos agrícolas, debido al cerco en el que se encuentran por parte de los actores armados. Estas comunidades sufren una crisis alimentaria que desencadena serios problemas de salud como desnutrición, paludismo, fiebres, diarrea, problemas cutáneos y enfermedades respiratorias.

Las instituciones gubernamentales responsables de crear unas condiciones dignas para el retorno no han cumplido con los compromisos firmados en temas como salud, educación, vivienda y el fortalecimiento de la productividad agrícola. Se realizaron algunas atenciones mínimas, pero no hay una política responsable para cumplir los acuerdos y garantizar a la población sus derechos básicos.

Sobre todo las condiciones de seguridad brillan por su ausencia. Es constante el control de los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas a lo largo y ancho del río Opogadó, tal como lo están ejerciendo desde hace años abiertamente en el Bajo Atrato y sus afluentes ante la total tolerancia de la Fuerza Pública.

El accionar de los paramilitares genera un fuerte impacto en la cotidianidad de los pobladores. Los paramilitares no permiten que los indígenas se movilicen individualmente, ni en pequeños grupos sino que deben movilizarse de diez personas en adelante, porque si no, se les acusa de ser auxiliadores de la guerrilla. Al pasar por las comunidades, con frecuencia realizan disparos al aire para sembrar miedo en la población.

En Unión Cuití los paramilitares dificultan el trabajo de las mujeres en las parcelas. El 20 de noviembre robaron parte de los productos agrícolas que los indígenas iban a vender en Vigía del Fuerte. En Egorókera, a pesar de la insistencia de la comunidad, los paramilitares no han recogido todavía un artefacto explosivo que dejaron cerca del puerto el 6 de diciembre. En Unión Baquiaza pasaron la noche del 19 de diciembre en la escuela, el centro humanitario, la casa comunitaria y algunas casas desocupadas, en contra de la voluntad de la comunidad.
Debido a todas estas medidas de bloqueo e intimidación por parte de los paramilitares, las comunidades se ven obligadas a sobre-explotar sus recursos madereros como única alternativa para subsistir. Los principales beneficiarios de esto son los mismos paramilitares, ya que controlan el negocio de la madera en la zona. Es más, ellos están intentando promover una tala masiva de los bosques tropicales ofreciendo a las comunidades enormes cantidades de motosierras.

Con el fin de contrarrestar semejantes presiones y abusos exigimos al Estado Colombiano:
- una atención integral a la crisis humanitaria de las comunidades del municipio de Bojayá dirigida a la educación, la salud, las actividades productivas y al restablecimiento del tejido social.
- que las fuerzas de seguridad cumplan las normas de la Constitución y aseguren a los habitantes del municipio de Bojayá “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”.
- que proteja las comunidades del municipio de Bojayá del dominio económico que el proyecto paramilitar viene planteando en la zona debilitando los procesos organizativos comunitarios.
Solicitamos
- al Sistema de las Naciones Unidas hacer seguimiento y acompañar a esta crisis humanitaria
- a las ONG’s defensoras de los Derechos Humanos y de protección al medio ambiente, las Iglesias, las agencias de Cooperación y grupos de solidaridad en general, que ayuden a visibilizar esta grave situación y hagan incidencia política para que las comunidades del municipio de Bojayá puedan defender su autonomía y la integridad de su territorio.

Quibdó, 30 de diciembre de 2004